Operación
silencio
Para entender lo que sucedió con el periodismo en
la década del 70 y 80 en Chile, hay que señalar que
en 1973 el 36,6 por ciento de la prensa escrita
era proclive a la Unidad Popular, la coalición de partidos
políticos que apoyaba a Salvador Allende. Tras el
golpe militar, uno de los objetivos
principales de Pinochet fue silenciar a la prensa de izquierda y
lo hizo con éxito,
a sangre y fuego.
De esa forma, sacó de circulación 312 mil
ejemplares diarios, eliminando a los periódicos El
Clarín (220 mil ejemplares), El Siglo (del Partido
Comunista, 29 mil), Puro Chile (25 mil), La Nación
(21 mil) y Las Noticias de
Última Hora (17 mil).
Si bien los diarios golpistas sufrieron control y
censura, una vez pasada la represión militar pudieron
circular sin ningún tipo de trabas, salvo las impuestas
por los celadores de la pureza ideológica del
régimen. Permanecieron de esta manera los diarios La
Tercera (220 mil ejemplares), El Mercurio (126 mil), Las
Ultimas Noticias (81 mil), La Segunda (55 mil), Tribuna (40 mil)
y La Prensa (29 mil). En total, 541 mil ejemplares
diarios.
Los militares además clausuraron cerca de 40
radioemisoras afines al ideario político del Presidente
Allende (115 radios de alcance nacional, regional y provincial
fueron partidarios del golpe y siguieron en funciones), once
periódicos regionales y un centenar de revistas editadas
por Quimantú (la editorial del Estado),
Horizonte (del Partido Comunista) y Prensa Latinoamericana (del
Partido Socialista).
La prensa adicta al régimen de facto tuvo que
someterse a las nuevas reglas imperantes que emanaban de un
órgano censor: la Dirección Nacional de Comunicación
Social (Dinacos), encargada de entregar a los medios "la
versión oficial de los hechos". Y entre los periodistas se
impuso una nociva práctica, cuyos efectos aún se
perciben en la prensa nacional: la autocensura.
Operación
Colombo
Uno de los episodios más vergonzosos del
periodismo chileno -que respondió a esa "versión
oficial de los hechos"- tuvo lugar en julio de 1975, cuando los
medios de información escritos, afines a la dictadura
militar, dieron cuenta de la muerte por
rencillas internas de 119 opositores en territorio
argentino.
La llamada Operación Colombo dejó para la
posteridad uno de los titulares más abyectos del
periodismo del terror, aparecido en el diario oficialista La
Segunda el 24 de julio de 1975: Exterminan como ratas a miristas.
Hasta el día de hoy, los responsables del montaje
mediático no hacen su mea culpa. Sin embargo, la
sanción ética a
los autores intelectuales
ya es un hecho.
El 23 y 24 de julio de 1975, la agencia de noticias
United Press International (UPI), (filial chilena), y los diarios
El Mercurio, Ultimas Noticias, La Segunda -de propiedad de
la familia
Edwards- y La Tercera -del consorcio Copesa-, entregaron en
riguroso orden alfabético los nombres de 119 militantes de
izquierda muertos en territorio argentino, dando a entender que
en los grupos de
resistencia
chilenos se estaba produciendo una purga interna, a raíz
de las diferencias ideológicas originadas tras el golpe
militar del 11 de septiembre de 1973.
La información, que fue destacada en titulares de
portada, tomaba como fuente primaria a dos publicaciones, la
edición
del día 15 de julio de la revista Lea de
Buenos Aires y
la edición del día 17 del diario O´Día
de Curitiba, Brasil. Lo
curioso de estas fuentes es que
salieron a la luz en una
única edición y nunca más se supo de
ellas.
El montaje mediático -replicado en Chile sin
corroboración o chequeo de fuentes- fue una
operación muy bien planificada por los organismos de
seguridad de las
dictaduras del cono sur, en el marco de la Operación
Cóndor, destinada a compartir información de
inteligencia
para la eliminación de opositores y grupos armados de
resistencia, entre los que se encontraba como primera prioridad
para la policía política de Pinochet
-la tristemente célebre Dirección Nacional de
Inteligencia (DINA)- el Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR), un partido político que
había optado por la vía armada para derrocar la
dictadura militar. Sus líderes eran Miguel Enríquez
y Pascal Allende,
sobrino del Presidente Salvador Allende.
La historia de esta infamia
periodística se inició en abril de 1975, cuando en
territorio argentino se encontró el cuerpo descuartizado
del militante socialista David Silberman, supuestamente dado de
baja por un comando del MIR. Sin embargo, la verdad era que
Silberman había sido capturado por la DINA en Chile,
recluido en el centro de detención clandestino de calle
José Domingo Cañas y hecho desaparecer por un
comando militar.
Posteriormente, el 11 de julio, aparecieron otros dos
cuerpos cerca de Buenos Aires, que también habían
sido dados de baja por una sangrienta vendetta interna que
llevaba a cabo el MIR. En este momento la DINA da inicio al
montaje mediático para hacer más creíble la
trama de sus ejecuciones a los opositores chilenos e involucra a
los diarios afines a la dictadura. La policía
política de Pinochet comienza a entregar a los medios
nacionales la versión de que en territorio trasandino se
estaría organizando un ejército
guerrillero.
De esta forma, el diario El Mercurio reproduce el 23 de
julio de 1975 un cable de la agencia UPI fechado en Buenos Aires
bajo el título de "Identificados 60 miristas asesinados" y
con el subtitulo "Ejecutados por sus propios camaradas". En la
información se establecía que "de acuerdo con el
semanario Lea, la siguiente nómina
de miristas chilenos habrían sido eliminados en los
últimos tres meses por sus propios compañeros de
lucha…" agregándose que… "estas
eliminaciones se habrían registrado en Argentina, Colombia,
Venezuela,
Panamá,
México y
Francia y es
la culminación de un largo proceso de
divergencias, mutuas recriminaciones y disputas por dinero".
El diario Las Ultimas Noticias publica el mismo
día la información de la UPI, bajo el título
"Nómina de los ajusticiados", precedido del subtitulo de
"Sangrienta pugna en el MIR". En la misma fecha, el diario La
Tercera publicó la misma información con el titular
en portada: "El MIR ha asesinado a 60 de sus hombres".
El 24 de julio de 1975 el diario La Segunda titula en
primera página y con grandes caracteres: "Exterminan como
ratas a miristas", precedido del subtítulo "Gigantesco
operativo militar en Argentina" una información atribuible
a sus reporteros y entregada en "fuentes responsables
oficiales".
El mismo 24 de julio, el diario Las Ultimas Noticias
entrega más información, esta vez a cuatro columnas
bajo subtítulo de "Muertos, heridos y fugados" y un
título de "Fuerzas de seguridad argentinas abaten a
extremistas chilenos". La nota señala que la noticia surge
"de fuentes del Gobierno
chileno", sin explicitarlas, y reitera textualmente lo
señalado por O’ Día y Lea.
El 24 de julio de 1975, el diario La Tercera y bajo el
título "Confirmado: Habían presentado en Chile
amparos en favor de los miristas muertos en Argentina",
señala: "Funcionarios de la secretaria en lo criminal de
la Corte de Apelaciones de Santiago confirmaron anoche que la
mayoría de los extremistas del MIR muertos en las
sangrientas luchas internas de ese grupo
terrorista que desarrollan en Argentina, Colombia Venezuela,
Panamá, México y Francia… tenían
presentados en su favor recursos de
amparo ante ese
alto Tribunal…".
El mismo 24 de julio, el diario El Mercurio
señalaba en su editorial: "Los políticos y
periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la
suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno chileno
de las desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la
explicación que rehusaron aceptar. Victimas de sus propios
métodos,
exterminados por sus propios camaradas, cada uno de ellos
señala con trágica elocuencia que los violentos
acaban por caer victimas del terror ciego e implacable que
provocan, y que, puestos en ese camino, ya nada ni nadie puede
detenerlos".
Sanción
ética
Tuvieron que pasar más de treinta años
para que el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas
de Chile acogiera una demanda
interpuesta por el llamado Comité de los 119 y la
Corporación de Derechos del Pueblo (Codepu)
y sancionara a los periodistas responsables de divulgar
información falsa y mal intencionada. La resolución
fue dada a conocer el 21 de marzo de 2006.
El fallo estableció que en el caso de las
publicaciones aparecidas en el diario El Mercurio y cuyo
responsable era su director René Silva Espejo,
quedó claro que los periodistas responsables del manejo de
la información no cumplieron con su obligación de
confrontar los hechos base de la noticia con otra fuentes que no
fuera la oficial, con lo cual fallaron en entregar la verdad que
la ciudadanía tenía el derecho a
recibir. Y dado que el director René Silva Espejo
había fallecido, se le declaró
inimputable.
Lo mismo se estableció para el caso de las
publicaciones aparecidas en el diario La Segunda y cuyo
responsable era su director Mario Carneyro, agravado por el uso
de titulares agraviantes y sensacionalista tendientes no a
destacar una información sino a manipular tendenciosamente
la misma. Dado que Carneyro también había muerto,
se le declaró inimputable.
Para el caso de las publicaciones aparecidas en el
diario Las Ultimas Noticias y cuyo responsable era su director
Fernando Díaz Palma, se estableció que su conducta fue
más reprochable ya que a la fecha ejercía la
presidencia del Colegio de Periodistas de Chile. Fue sancionado
con censura pública y suspensión de su calidad de
miembro del Colegio de Periodista durante seis meses.
En el caso de las publicaciones aparecidas en el diario
La Tercera y cuyo responsable era su director Alberto Guerrero
Espinoza, éste recibió sanción de censura
pública y suspensión de su calidad de miembro del
Colegio de Periodista durante seis meses.
El fallo también menciona a la periodista
Mercedes Garrido Garrido, a la fecha subdirectora del diario La
Segunda, y a quien se le atribuye el titular "Exterminan como
ratas a miristas", sin embargo fue absuelta dado que las
acusaciones formuladas en su contra no fueron probadas. A la
periodista Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio, se le
aplicó las sanciones de censura pública y
suspensión de su calidad de miembro del Colegio de
Periodistas de Chile durante tres meses.
En un hecho digno de destacar, el Tribunal de
Ética señaló que el Colegio de Periodistas
de Chile tampoco cumplió con su deber de proteger el
correcto desempeño profesional y ser un referente en
la defensa de valores
éticos en el ejercicio de un periodismo sano para la
sociedad. Le
faltó la decisión de defender los requerimientos de
la sociedad de estar correctamente informada y denunciar la
responsabilidad que tuvo la prensa y los
periodistas que fueron cómplices de esta
situación.
Si bien la sanción moral por el
montaje periodístico en algo viene a reparar el daño
causado a los familiares de las víctimas, es
sintomático que ninguno de los periodistas sancionados
haya apelado al dictamen del Tribunal de Ética y hasta
ahora han guardado ominoso silencio. La opinión
pública chilena aún espera sus respectivos mea
culpa y que los diarios involucrados asuman sus respectivas
responsabilidades por el bien de la prensa nacional y la democracia.
Marco Herrera Campos,
Chileno, periodista por la Universidad de
Chile, docente en la Universidad de Viña del Mar,
Chile
Revista Chasqui
Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para
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Quito –
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